lunes, 18 de febrero de 2013

Espacios Naturales

El Gobierno descarta la caza en los Parques Nacionales

 

 
 
El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha asegurado que en la reforma de la ley que regula los Parques Nacionales que está preparando ese departamento se mantendrá la prohibición de cazar en estos espacios.
En una entrevista concedida a Europa Press, Ramos de Armas ha asegurado que el primer objeto de los Parques Nacionales es "conservar las zonas de mayor valor medioambiental" del país y que, "por lo tanto, en materia de caza no se va a incluir ninguna novedad respecto a la legislación vigente" sobre Parques Nacionales.
Además, ha manifestado que el interés del Gobierno es reforzar la coordinación y la presencia del Estado en estos espacios protegidos y "ayudar a que se comporten como una auténtica red" donde se comparta información o investigación. En este sentido, ha afirmado que la política del Ministerio en esta materia es abogar por su conservación, garantizar la presencia del Estado y reconocer (a los parques) ese "estatus de máximo reconocimiento medioambiental" bajo la figura de Parque Nacional porque, a su juicio, son una de las grandes joyas del Patrimonio Natural según sus propias palabras.
Ramos de Armas ha añadido que lo que se quiere es avanzar en una mayor coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, al tiempo que ha defendido el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), donde trabajan unas 400 personas que, en la actualidad no participan en la gestión de los Parques Nacionales. "No tiene sentido.(...) Habrá que buscar la fórmula para que la relación del OAPN y los parques nacionales sea más eficaz con el objetivo de mejorar la gestión de estos espacios", ha agregado.
Concretamente, el secretario de Estado ha insistido en que el Estado "no quiere, de ninguna manera, desligarse de los Parques Nacionales", porque "le gustan, le preocupan" y quiere impulsarlos. A su juicio, debe haber una mayor coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de información, prevención de riesgos y de colaboración, como por ejemplo ante determinados eventos, como incendios. Según ha señalado, este es un campo pendiente de desarrollar.