Desastre en Canarias con la nueva ‘Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales
Sin embargo, el Parlamento de Canarias aprobó el Proyecto de Ley con el que Coalición Canaria, con el beneplácito del PSOE, ha dado un paso inaudito en la desregulación en materia de ordenación territorial: la Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.
La ordenación territorial, como instrumento que garantiza la preservación de los bienes públicos y la integridad del territorio, precisa no sólo de una normativa a la altura de estas expectativas, sino también de garantes técnicos y políticos que velen por su cumplimiento. El desarrollo se debe producir de forma equilibrada en el diseño territorial, y para ello, deben combinarse con inteligencia los múltiples factores imprescindibles para la sustentabilidad, como la conservación de los espacios naturales o del suelo rústico[1].
Sin embargo, el Parlamento de Canarias aprobó el Proyecto de Ley con el que Coalición Canaria, con el beneplácito del PSOE, ha dado un paso inaudito en la desregulación en materia de ordenación territorial: la Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.
Esta Ley, y , implica la desaparición de cualquier medida de preservación del medio natural frente al crecimiento urbanístico. No sólo elimina todas las medidas conservacionistas de la normativa territorial, sino que además permitirá la declaración de nuevo suelo turístico, o la instalación de equipamientos de ocio en suelo rústico sin restricciones.
Se rebajará la exigencia de cumplimiento de los condicionantes ambientales en los trámites administrativos de nuevos proyectos, e incluso la duración de la tramitación y de su exposición pública (trámite que garantiza la información y la participación) quedará rebajada en un 50% si el proyecto se declara como “Inversión estratégica para Canarias”.
Los espacios naturales protegidos quedarán subrogados al planeamiento insular, sus instrumentos de ordenación carecerán de requisitos mínimos para ser considerados aceptables.
Todo ello no sería posible sin eliminar la capacidad de intervención del funcionariado público, como así se hará. A partir de ahora se dotará a las empresas privadas de la capacidad de decidir el fin y el uso de los bienes colectivos, puesto que las consultoras externas podrán elaborar las declaraciones de impacto ambiental. Para ello ostentarán unas funciones que hasta hoy sólo poseía el funcionariado público, aunque como cabe esperar, respondan únicamente ante los intereses de sus clientes, que son los promotores de los proyectos que se pretende aprobar.
La Viceconsejería de Medio Ambiente pasará a ser un mero órgano consultivo. Toda la capacidad decisoria recae sobre la Viceconsejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, presidida por Domingo Berriel, quien a su vez preside la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias), que es quien dicta en último caso la autorización de cualquier proyecto y, supuestamente, vela por el cumplimiento de los principios de la ordenación territorial.
Pero para colmo, ahora CC, con el completo apoyo del PP, anuncia que también eliminará la COTMAC y dejará en el limbo esta Ley que acaba de aprobar, y además dotará a los municipios de la capacidad absoluta para decidir sobre su propia ordenación, sin atender a los principios de integridad territorial que deben garantizar el equilibrio en el desarrollo de todo el conjunto de las islas, y exponiendo al territorio todavía más a la prevalencia de los intereses privados frente a la preservación de los recursos públicos.
Fuente: econoticias.com