La ACEC mostró su preocupación en el Consejo de Caza de Canarias
El pasado 18 de junio se celebró el Consejo de Caza de Canarias. Dicho órgano colegiado se reunió para informar sobre la orden regional de caza y al mismo la Asociación Canaria de Entidades Caza (ACEC) acudió como invitada a la reunión.
Tras tratar los diferentes puntos del orden del día, con la culminación de la orden regional de caza para la temporada 2015, y en el que el debate se centró en el flujo de cazadores entre islas y la posible sobreexplotación de los recursos cinegéticos, la ACEC intervino mostrando su preocupación en ciertos aspectos de la administración y gestión de la cacería en el archipiélago.
La ACEC, entre otras cuestiones y por segundo año consecutivo, demandó la redacción y aprobación de los planes técnicos de caza de las zonas de caza controlada de las diferentes islas.
Se denominan ‘zonas sometidas a régimen de caza controlada’ aquellas que se constituyan sobre terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, en los cuales la protección, conservación, fomento y aprovechamiento de su riqueza cinegética deberán adaptarse a los planes técnicos de caza que con este objeto aprueben los cabildos insulares.
Según la ACEC, y en atención a la normativa cinegética, el plan técnico de caza es un instrumento de gestión aplicado a un determinado terreno, que tiene por finalidad su aprovechamiento cinegético de acuerdo con el tamaño de las poblaciones objeto de caza y, como prioridad, la preservación y conservación de los hábitats, así como el mantenimiento del potencial biológico de las especies en el medio natural.
Lo curioso del asunto, dicen los cazadores de la asociación canaria, “es el pago que realizamos los cazadores de los permisos de caza controlada cuando la Ley de Caza es bien explícita: Los permisos de caza son personales e intransferibles y autorizan a su titular al ejercicio de la actividad cinegética, en las condiciones fijadas en los planes técnicos de caza”. Es decir, los cazadores cumplen religiosamente con la norma y las Administraciones, no.
En definitiva, mientras se debate acaloradamente el flujo de cazadores entre islas y se adaptan a ese movimiento natural los periodos hábiles de caza con el fin de impedir una sobreexplotación de los recursos naturales, los documentos preceptivos para el aprovechamiento cinegético están sin redactar y aprobar. En consecuencia, la Orden Regional de Caza ratificada y publicada en Boletín Oficial de Canarias el pasado 3 de julio de 2015 por la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de medio ambiente y conservación de la naturaleza, con el fin de realizar un adecuado aprovechamiento de las especies cinegéticas estableciendo el régimen de la actividad y las épocas de veda, “es papel mojado”.
Los cazadores “ya hemos pagado las tarjetas de caza controlada en cumplimiento de nuestra parte como administrados; sin embargo, los mismos que nos cobran no cumplen con su parte de responsabilidad”, apuntan desde la ACEC.
Tras tratar los diferentes puntos del orden del día, con la culminación de la orden regional de caza para la temporada 2015, y en el que el debate se centró en el flujo de cazadores entre islas y la posible sobreexplotación de los recursos cinegéticos, la ACEC intervino mostrando su preocupación en ciertos aspectos de la administración y gestión de la cacería en el archipiélago.
La ACEC, entre otras cuestiones y por segundo año consecutivo, demandó la redacción y aprobación de los planes técnicos de caza de las zonas de caza controlada de las diferentes islas.
Se denominan ‘zonas sometidas a régimen de caza controlada’ aquellas que se constituyan sobre terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, en los cuales la protección, conservación, fomento y aprovechamiento de su riqueza cinegética deberán adaptarse a los planes técnicos de caza que con este objeto aprueben los cabildos insulares.
Según la ACEC, y en atención a la normativa cinegética, el plan técnico de caza es un instrumento de gestión aplicado a un determinado terreno, que tiene por finalidad su aprovechamiento cinegético de acuerdo con el tamaño de las poblaciones objeto de caza y, como prioridad, la preservación y conservación de los hábitats, así como el mantenimiento del potencial biológico de las especies en el medio natural.
Lo curioso del asunto, dicen los cazadores de la asociación canaria, “es el pago que realizamos los cazadores de los permisos de caza controlada cuando la Ley de Caza es bien explícita: Los permisos de caza son personales e intransferibles y autorizan a su titular al ejercicio de la actividad cinegética, en las condiciones fijadas en los planes técnicos de caza”. Es decir, los cazadores cumplen religiosamente con la norma y las Administraciones, no.
En definitiva, mientras se debate acaloradamente el flujo de cazadores entre islas y se adaptan a ese movimiento natural los periodos hábiles de caza con el fin de impedir una sobreexplotación de los recursos naturales, los documentos preceptivos para el aprovechamiento cinegético están sin redactar y aprobar. En consecuencia, la Orden Regional de Caza ratificada y publicada en Boletín Oficial de Canarias el pasado 3 de julio de 2015 por la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de medio ambiente y conservación de la naturaleza, con el fin de realizar un adecuado aprovechamiento de las especies cinegéticas estableciendo el régimen de la actividad y las épocas de veda, “es papel mojado”.
Los cazadores “ya hemos pagado las tarjetas de caza controlada en cumplimiento de nuestra parte como administrados; sin embargo, los mismos que nos cobran no cumplen con su parte de responsabilidad”, apuntan desde la ACEC.