La Coordinadora Regional de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT en Canarias ha impugnado ante los tribunales el convenio de colaboración entre
el Cabildo palmero y la Federación Insular de Caza, un acuerdo económico por valor de 73.000 euros que “incumple la normativa de función pública, la cinegética y la de subvenciones públicas” y que se renovó, pese a algunas reticencias iniciales, en abril de 2014.
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| Reunión del Consejo Insular de Caza. | DA |
La caja de los truenos se abre después del envenenamiento, a mediados del pasado mes de agosto, de nueve perros de caza en el sendero de El Time y de la comprobación, aseguran fuentes de toda solvencia de la Unidad Insular de Medio Ambiente, de que no se respetó la cadena de custodia que permitiera garantizar un instrucción minuciosa de los hechos, dado que se manipularon las bolsas con veneno y hasta los cadáveres de los animales muertos. Además, se registró la zona antes de la llegada de los agentes del Seprona. Es lo que afirman las fuentes oficiales de Medio Ambiente, que reconocen que “pese a que no se haya hecho de mala fe por parte de los cazadores, supone una ilegalidad y el incumplimiento de la Estrategia Canaria Contra el Veneno, que recoge el protocolo a seguir en este tipo de intervención”.
La Federación de Caza de La Palma, cada vez más molesta por la intención de la actual consejera de Medio Ambiente de recuperar la gestión directa en la vigilancia de la actividad cinegética insular, potenciando así la contratación de personal funcionario en una plantilla que se ha visto – según los propios sindicatos – desmantelada gradualmente en los últimos años, acordó en su última asamblea reunirse con todos los partidos políticos en fechas de pre campaña electoral, para conocer “quiénes apoyan seguir con el convenio de guardería de caza”. La Federación de Caza, que tal y como recuerdan desde la Federación de Servicios Públicos de UGT “no representan ni mucho menos al colectivo sino a los cazadores que han decidido federarse”, no solo perciben 73.000 euros cada año de las arcas insulares, sino que es el propio Cabildo el que facilita los medios materiales con los que desarrollan su función.
“Resulta significativo que mientras los agentes de Medio Ambiente deben prestar su servicio oficial en vehículos marca Fiat y modelo Panda, con antigüedades superiores a los diez años, se ceden los vehículos todoterreno a una entidad privada, cuyo mantenimiento además corre de cuenta de la corporación insular”, explica Juan Carlos Santana, coordinador regional de agentes forestales y de medio ambiente de la Federación de Servicios Público de UGT en Canarias.
Los votos del colectivo de cazadores en La Palma en fechas electorales han condicionado hasta ahora y durante años más una decisión política, pero ahora puede ser un proceso contencioso administrativo el que ponga el cascabel al gato. Solo el Cabildo insular de La Palma mantiene vigente el convenio con la Federación de Caza para la contratación de dos guardas que vigilen la actividad cinegética insular. El último convenio vigente en el archipiélago se dio en Fuertenventura, donde, como ocurre ahora con La Palma, la Coordinadora Regional de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de UGT impugnó y consiguió dejar sin efecto ese acuerdo bilateral entre la institución insular y la entidad privada de base asociativa.
Nota de prensa sobre el asunto de la Coordinadora Regional de Agentes Forestales y Agentes de Medio Ambiente de Canarias
LA FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA DE LA PALMA, Y SU CONVENIO DE COLABORACION CON EL CABILDO DE LA PALMA
Nos resulta increíble, y de todo punto rechazable, que se pretenda aprovechar un hecho tan lamentable y condenable como puede ser el ilícito envenenamiento de uno perros de caza en el Time (Tijarafe, La Palma), para que por parte de una entidad privada de base asociativa, como es la Federación Insular de Caza de La Palma, mediante la publicación de un artículo en prensa sobre dicho asunto (véase Diario de Avisos, de 20 de agosto de 2014), se pretenda presionar a la clase política insular para mantener unos privilegios en modo alguno justificables, forzando la prórroga del actual convenio de colaboración entre la mencionada entidad privada, denominada Federación Insular, y el Cabildo de La Palma; induciendo además con dicho tipo de noticias a error a la ciudadanía, a través de unas manifestaciones que hacen ver lo que no es realmente, pues ni se ha empeorado la calidad del servicio insular de vigilancia de caza, sino muy al contrario, mejorado al profesionalizarse con agentes de la autoridad especializados en la materia, ni el envenenamiento es en sí mismo una cuestión cinegética, sino un deplorable hecho constitutivo de infracción penal, o sea un presunto delito, quedando por tanto limitada la legítima actuación en la materia a funcionarios habilitados legalmente para el ejercicio de funciones de policía judicial, como auxiliares de jueces y fiscales.
