VISTA DESDE LA PRESA DE LA ENCANTADORA
Con ocasión del trámite de aportaciones y
consideraciones al que está siendo sometido el Primer borrador de anteproyecto de Ley de Caza de Canarias por el Gobierno de Canarias,
la Sociedad de Cazadores La Laurisilva ha presentado un total de 26 sugerencias a través del Cabildo Insular de La
Gomera.
Como organización a nivel insular sin fin lucrativo que persigue
los fines establecidos en la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, La
Laurisilva, opina que el texto propuesto por el Gobierno de Canarias significa
un avance importante para las reivindicaciones de los cazadores sobre una
legislación que les afecta y que en derecho tienen a participar activamente en
su redacción y aprobación, como así está sucediendo. Sin embargo, quedan muchas
cuestiones que pulir en el proceso, dicen desde los cazadores. Que atisban un
procedimiento largo hasta la aprobación definitiva de la nueva ley de caza,
cuando la necesidad es urgente.
Por otro lado, el Cabildo Insular de La Gomera parece un tanto
aletargado y despistado sobre una norma que afectará a los gomeros. El
departamento dirigido por la consejera Ventura del Carmen Rodríguez, ha
contestado por escrito en relación a las aportaciones realizadas por la
sociedad de cazadores al borrador de anteproyecto de la ley de caza: “la consejería
competente (Dirección General de Protección de la Naturaleza) no ha remitido borrador
alguno de la citada Normativa a este departamento”. Lo que denota una falta de
interés y gestión cuando todo un cabildo
no hace las averiguaciones oportunas antes de contestar a un documento
remitido desde la ciudadanía. Ya que dicho borrador lleva circulando desde hace
más de dos meses entre todos los representantes del Consejo Regional de Caza. En
ese sentido, los cazadores de Vallehermoso no se extrañan de la ausencia de la
corporación insular. Pues han puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones graves
deficiencias sobre la materia ante esa administración y ninguna de ellas ha
sido resuelta.
Por último, los cazadores
de la isla colombina, afirman, que los políticos insulares no consideran a la
cacería como un elemento de conservación, generador de empleo, dinamización económica y
desarrollo rural. Prueba de ello es que tras la no autorización de la caza en la presente
temporada, debido al estado desfavorable de las poblaciones de especies
cinegéticas, no se ha producido ninguna acción de mejora en el ámbito
cinegético, dejando a las especies en manos de posibles lluvias venideras y
utilizando esta medida como una forma de gestión, donde la realidad es la falta
de ella.